Si tu entidad recibe subvenciones públicas, contrata con la Administración o es fundación, asociación o cooperativa de cierta dimensión, tienes obligaciones activas de transparencia. Te ayudamos a cumplirlas sin burocracia innecesaria.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno obliga no solo a las Administraciones públicas, sino también a entidades privadas que reciban ayudas o subvenciones superiores a 100.000 euros anuales, o cuando el 40 % o más de sus ingresos totales procedan de fondos públicos (siempre que superen los 5.000 euros). Además, cada comunidad autónoma ha desarrollado su propia normativa — Castilla y León con la Ley 3/2015, Canarias con la Ley 12/2014, Cataluña con la Ley 19/2014 — con umbrales y exigencias que en algunos casos son más estrictos que la norma estatal. Una pyme o entidad que trabaje con varias Administraciones puede acumular obligaciones de distintas capas normativas sin saberlo.
Las obligaciones concretas incluyen publicidad activa: presupuestos y cuentas anuales, relación de contratos formalizados, subvenciones recibidas, retribuciones de los máximos responsables e información sobre la estructura organizativa. Esta información debe estar accesible de forma clara y actualizada en la página web o portal de transparencia de la entidad. No basta con tenerla internamente; el incumplimiento expone a la entidad a requerimientos del Consejo de Transparencia y, en el ámbito autonómico, a sanciones y a la posibilidad de ver bloqueadas futuras convocatorias de subvenciones.
En Summum Consultoría acompañamos a fundaciones, asociaciones, cooperativas, empresas concesionarias y proveedores habituales de la Administración a diagnosticar exactamente qué les aplica, a estructurar su portal de transparencia, a redactar las políticas de publicidad activa y a mantenerlas actualizadas con cada ejercicio. Llevamos desde 2007 trabajando en cumplimiento normativo con pymes y entidades del sector no lucrativo en Castilla y León y Canarias; conocemos los matices de las normativas autonómicas que afectan a nuestros clientes.
Analizamos el perfil de financiación de la entidad, el volumen de ayudas recibidas, los contratos con la Administración y la normativa aplicable (estatal + autonómica). Determinamos qué información hay que publicar, con qué periodicidad y en qué formato.
Definimos la estructura del portal o sección de transparencia en la web: bloques de contenido obligatorio, plantillas de documentos, criterio de actualización y responsable interno. El objetivo es que el cumplimiento sea reproducible año a año sin esfuerzo extra.
Recopilamos y organizamos la información de los últimos ejercicios (cuentas, contratos, subvenciones, órganos de gobierno) y la publicamos en el formato y canal acordados. Coordinamos con el equipo de sistemas o el proveedor web si hace falta. Si rozamos la gobernanza de datos, enlazamos con Summum Sistemas.
Realizamos una revisión anual para actualizar la información publicada, adaptar el portal a cambios normativos y preparar la documentación de cara a posibles auditorías o requerimientos del Consejo de Transparencia o del órgano autonómico equivalente.
El detalle operativo: lo que entregamos como parte del trabajo y lo que mantenemos vivo después.
Diagnóstico normativo personalizado
Identificación de la capa aplicable (Ley 19/2013, ley autonómica y normativa sectorial) y del umbral concreto que activa las obligaciones de la entidad.
Inventario de información a publicar
Listado exhaustivo de los bloques de publicidad activa obligatorios: contratos, subvenciones, cuentas, órganos de gobierno, retribuciones y demás.
Portal o sección de transparencia
Diseño del apartado web conforme a los estándares del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y de los portales autonómicos de referencia.
Plantillas y procedimiento interno
Documentos tipo para cuentas, actas, listado de contratos y subvenciones, con instrucciones para que el equipo interno actualice sin depender de consultoría externa cada vez.
Revisión y actualización anual
Servicio de mantenimiento para garantizar que la información publicada se renueva en los plazos que fija la ley y refleja el ejercicio cerrado.
Respuesta a requerimientos
Apoyo ante inspecciones, requerimientos de información del Consejo de Transparencia, comisionados autonómicos o solicitudes de acceso de la ciudadanía.
La transparencia no existe en el vacío: se cruza con la protección de datos (RGPD), el gobierno del dato y la gestión de contratos, carriles en los que las divisiones de Consultoría y Sistemas del Grupo Summum trabajan de forma coordinada.
La publicidad activa exige publicar datos de personas (directivos, beneficiarios); el RGPD marca qué se puede publicar y cómo. Ambos servicios se coordinan para no crear conflictos entre transparencia y privacidad.
Ver servicio → consultoríaMantener actualizado el portal de transparencia requiere que la información fluya de forma fiable desde los sistemas de la entidad; Summum Consultoría gobierna ese flujo de datos.
Ver servicio → sistemasSi la entidad necesita construir o adaptar su portal web para alojar la sección de transparencia, Summum Sistemas lidera el desarrollo técnico.
Ver servicio →Depende de su relación con fondos públicos. La Ley 19/2013 obliga a entidades privadas que reciban más de 100.000 euros en ayudas o subvenciones públicas en un año, o cuando esas ayudas representen al menos el 40 % de sus ingresos anuales (con un mínimo de 5.000 euros). Además, si tu empresa concursa regularmente a contratos públicos o está vinculada a una Administración, la ley autonómica de tu comunidad puede establecer umbrales distintos o adicionales. Un diagnóstico previo es la forma más rápida de salir de dudas.
Para las entidades privadas obligadas, la publicidad activa mínima incluye: presupuestos y cuentas anuales, contratos formalizados con la Administración, subvenciones y ayudas recibidas, retribuciones de los máximos responsables y la estructura orgánica de la entidad. La información debe ser clara, accesible y actualizada en tu página web o portal de transparencia; no basta con tenerla disponible internamente.
El incumplimiento puede derivar en requerimientos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o del comisionado autonómico equivalente. En la práctica, las consecuencias más inmediatas suelen ser la exclusión de convocatorias de subvenciones o la imposibilidad de contratar con ciertas Administraciones, además de la exposición a resoluciones públicas que dañan la reputación de la entidad.
Las fundaciones y asociaciones de utilidad pública que reciban financiación pública por encima de los umbrales de la ley tienen obligaciones equivalentes a las de cualquier entidad privada obligada. Algunas comunidades autónomas, además, tienen normativa específica para el sector no lucrativo con requisitos propios de rendición de cuentas. La normativa autonómica de Castilla y León (Ley 3/2015) y de Canarias (Ley 12/2014) desarrollan estas exigencias con detalle.
La Ley 19/2013 establece que la información debe estar permanentemente actualizada. En la práctica, el ciclo natural es actualizar las cuentas anuales y la información económica tras el cierre de cada ejercicio, y mantener los datos de contratos y subvenciones al día a lo largo del año. Nuestro servicio de mantenimiento anual garantiza que el portal esté siempre conforme, sin que tengas que dedicar recursos internos a controlar los plazos.