Calculadora de sanciones del AI Act: importes del art. 99

El art. 99 fija, para cada tipo de infracción, un importe fijo en euros y un porcentaje de la facturación mundial anual: hasta 35.000.000 € o el 7% para las prácticas prohibidas del art. 5 (art. 99.3); hasta 15.000.000 € o el 3% para el resto de obligaciones (arts. 16, 22 a 26, 31, 33, 34 o 50, art. 99.4); y hasta 7.500.000 € o el 1% por facilitar información incorrecta, incompleta o engañosa a un organismo notificado o autoridad competente (art. 99.5). El importe aplicable es el que resulte de comparar la cifra fija con el porcentaje sobre tu facturación. El Reglamento (UE) 2026/1744 añadió al apartado 4 una letra d bis), que suma a ese tramo el incumplimiento de las obligaciones de los proveedores y operadores del art. 25, apartados 2 y 4.

El tramo del art. 99.3 (prácticas prohibidas del art. 5) es el más grave y no admite plan de adecuación. El del art. 99.4 cubre el incumplimiento de las obligaciones operativas del proveedor, importador, distribuidor o responsable del despliegue, y de las obligaciones de transparencia del art. 50. El del art. 99.5 es el más leve de los tres y castiga específicamente dar información incorrecta, incompleta o engañosa a un organismo notificado o a una autoridad nacional competente que la haya solicitado.

El art. 99, apartado 6, es potestativo: su redacción literal es que «cada una de las multas a que se refiere el presente artículo podrá ser por el porcentaje o el importe a que se refieren los apartados 3, 4 y 5, según cuál de ellos sea menor». Para pymes y empresas emergentes, por tanto, el apartado 6 permite que la multa sea por el porcentaje o por el importe, según cuál de ellos sea menor: es una facultad de la autoridad, no un derecho automático a la cifra más baja. Para el resto de empresas se aplica la cuantía MAYOR de las dos.

Sí. Lo que calcula esta herramienta es el tope legal, no el importe que finalmente impondría la autoridad. El art. 99.7 obliga a ponderar, entre otros factores, la naturaleza, gravedad y duración de la infracción, el grado de cooperación con las autoridades, el grado de responsabilidad del operador teniendo en cuenta las medidas técnicas y organizativas adoptadas, si hubo intencionalidad o negligencia, y las acciones emprendidas para mitigar los perjuicios. Un sistema de gestión de IA certificado (ISO/IEC 42001) es evidencia directa de esas medidas organizativas.

Todavía no, y conviene decirlo con precisión: a 30 de julio de 2026 no existe ninguna ley ni real decreto español en vigor que designe formalmente a la autoridad de vigilancia del mercado del art. 70 del AI Act ni que concrete el procedimiento sancionador nacional. La AESIA (Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial) existe —su creación la autorizan la Ley 22/2021 y la Ley 28/2022, el Real Decreto 729/2023, de 22 de agosto, aprueba su Estatuto y tiene su sede en A Coruña—, pero su designación como autoridad de vigilancia del mercado del AI Act aún no es Derecho vigente. Lo que existe es el Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial (expediente 121/000096, XV Legislatura), publicado en el BOCG del Congreso, Serie A, núm. 97-1, de 12 de junio de 2026 y, a 30 de julio de 2026, en fase de enmiendas en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital con el plazo ampliado hasta el 2 de septiembre de 2026: no está publicado en el BOE, no tiene fuerza de ley y su texto puede cambiar. Ese proyecto recoge los mismos tres importes del art. 99 europeo y añade una cuarta categoría de infracciones leves (hasta 500.000 € o el 0,5% del volumen de negocios mundial total, si esta cuantía fuese superior) que el Reglamento no contempla. Y no designa a la AESIA como autoridad única: reparte la vigilancia del mercado entre la AESIA y otros supervisores —entre ellos la AEPD, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones— según el tipo de sistema. El reparto competencial definitivo depende de que esa ley se apruebe.

No. Calcula el tope legal según los datos que indicas, pero no analiza tu documentación técnica, tu grado real de cooperación con las autoridades ni las circunstancias atenuantes de tu caso concreto. Verifica tu situación con el servicio de Cumplimiento AI Act de Summum Consultoría antes de actuar.