Ninguna norma fija lo que cuesta un DPO, así que esta calculadora no se inventa un precio: mide la carga de trabajo anual en horas que genera tu organización, la desglosa por bloques con el artículo que origina cada uno, y la convierte a euros con la tarifa que introduzcas tú. De paso te dice si la designación es obligatoria.
Qué hace: cuenta lo que de verdad genera trabajo a un delegado de protección de datos —los tratamientos de tu registro del art. 30 del RGPD, los encargados con acceso a datos, la videovigilancia, las categorías especiales, las evaluaciones de impacto del art. 35 y el sector— y devuelve un rango de horas al año, el desglose bloque a bloque y, si introduces una tarifa por hora, el coste anual con y sin IVA.
Para quién: gerencia y dirección financiera que están pidiendo presupuestos de DPO externo y necesitan saber si la cifra que tienen encima de la mesa se corresponde con el trabajo que su organización genera, en vez de comparar precios a ciegas.
Esta herramienta es orientativa y no constituye asesoramiento profesional. No publicamos una tarifa media de mercado porque no existe ninguna fuente oficial que la fije: las horas por bloque son supuestos de trabajo declarados de esta calculadora, no cifras normativas, y el precio por hora lo pones tú. Contrasta el resultado con el servicio de DPO externo de Summum Consultoría o con un profesional antes de contratar.
El suelo del servicio no lo marca el proveedor: lo marca el art. 39.1 del RGPD, que atribuye al delegado cinco funciones como mínimo. Cualquier presupuesto que no las cubra todas está incompleto, cueste lo que cueste.
La norma no dice qué entra en el precio, solo qué funciones tiene el delegado. Antes de firmar, pregunta si estos trabajos están dentro de la cuota o se facturan aparte: la elaboración desde cero del registro de actividades cuando no existe, la redacción completa de una evaluación de impacto, la defensa en un procedimiento sancionador o una inspección, la gestión de una brecha de seguridad con notificación de los arts. 33 y 34, la implantación de medidas técnicas de seguridad —que es trabajo de sistemas, no del delegado— y las sesiones de formación presencial fuera del plan anual. Ten en cuenta también el límite del art. 38.6: si el delegado desempeña otras funciones para ti, estas no pueden dar lugar a conflicto de intereses.
Cada bloque de horas corresponde a una obligación concreta: el registro del art. 30, los contratos de encargado del art. 28, la videovigilancia del art. 22 de la LOPDGDD, las evaluaciones del art. 35 o la formación del art. 39.1.b. Si un bloque no aplica a tu caso, no suma.
Las horas salen de multiplicar lo que declaras por una ratio visible en pantalla: tantas horas por tratamiento del registro, tantas por proveedor con acceso, tantas por evaluación de impacto. Verás la ratio de cada bloque en el desglose y podrás discutirla.
No hay precio oficial de un DPO y no vamos a inventarlo. Si introduces la tarifa por hora de un presupuesto real, multiplicamos y añadimos el IVA general del 21 % del art. 90 de la Ley 37/1992. Si no la introduces, te quedas con las horas y el desglose, que ya es la mitad de la negociación.
El sector que elijas se contrasta con el art. 34.1 de la LOPDGDD y con el art. 37.1 del RGPD. Si la designación es obligatoria, lo verás con la letra exacta; si es dudosa, lo decimos en vez de forzar un veredicto.
No existe ninguna tarifa oficial: ni el RGPD ni la LOPDGDD fijan el precio de un delegado de protección de datos, y ninguna autoridad publica un importe de referencia. Por eso esta calculadora no inventa un precio de mercado: estima las horas anuales de dedicación que genera tu organización a partir de lo que declaras (tratamientos del registro del art. 30 RGPD, encargados, videovigilancia, categorías especiales, evaluaciones de impacto y sector) y las multiplica por la tarifa por hora que introduzcas tú. Si no introduces tarifa, obtienes igualmente la carga de trabajo en horas y su desglose por bloques.
El art. 37.1 del RGPD lo exige en tres supuestos: a) cuando el tratamiento lo lleva a cabo una autoridad u organismo público, excepto los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial; b) cuando las actividades principales requieren una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala; y c) cuando las actividades principales consisten en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos (art. 9) o de datos relativos a condenas e infracciones penales (art. 10). Además, el art. 34.1 de la LOPDGDD añade una lista de dieciséis letras de entidades obligadas, entre ellas los centros docentes y las universidades, letra b), y los centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas, letra l). Doce de esas letras obligan sin condición añadida, pero cuatro llevan la suya propia: la c), operadores de comunicaciones electrónicas, solo cuando traten habitual y sistemáticamente datos personales a gran escala; la d), prestadores de servicios de la sociedad de la información, solo cuando elaboren a gran escala perfiles de los usuarios; la k), publicidad y prospección comercial, solo cuando traten datos basados en las preferencias de los afectados o elaboren perfiles; y la o), federaciones deportivas, solo cuando traten datos de menores de edad.
Como mínimo, las cinco funciones del art. 39.1 del RGPD: informar y asesorar al responsable y a sus empleados, supervisar el cumplimiento (incluida la formación del personal y las auditorías), asesorar sobre la evaluación de impacto del art. 35 y supervisar su aplicación, cooperar con la autoridad de control y actuar como punto de contacto de esta. El art. 37.6 permite expresamente que el delegado desempeñe sus funciones en el marco de un contrato de servicios, y el art. 37.7 obliga a publicar sus datos de contacto y comunicarlos a la autoridad de control; el art. 34.3 de la LOPDGDD fija para esa comunicación un plazo de diez días.
El art. 73.v) de la LOPDGDD tipifica como infracción grave, que prescribe a los dos años, el incumplimiento de la obligación de designar un delegado de protección de datos cuando sea exigible su nombramiento conforme al art. 37 del RGPD y al art. 34 de la propia ley. Ese precepto remite al art. 83.4 del RGPD, que prevé multas administrativas de 10.000.000 EUR como máximo o, tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 2 % como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía.
El art. 37.6 del RGPD admite las dos fórmulas: el delegado puede formar parte de la plantilla o desempeñar sus funciones mediante un contrato de servicios. Esta calculadora no compara sueldos porque no existe una retribución oficial publicada para el puesto, y dar una cifra inventada sería peor que no darla. Lo que sí puedes comparar es la carga de trabajo en horas que obtienes aquí frente al coste real de cubrirla dentro. Ten en cuenta dos límites del art. 38: el delegado no puede recibir instrucciones sobre el desempeño de sus funciones ni ser destituido o sancionado por ejercerlas, apartado 3, y si desempeña otras funciones no pueden dar lugar a conflicto de intereses, apartado 6.
No. Es orientativa. Las horas por bloque son supuestos de trabajo declarados de esta herramienta, no cifras normativas, y no conocen tu registro de actividades real, tus incidencias del año ni las particularidades de tu sector. Contrasta el resultado con el servicio de DPO externo de Summum Consultoría o con un profesional antes de tomar una decisión de contratación.
Trae el desglose de horas que acabas de calcular y lo contrastamos con lo que de verdad necesita tu organización.